¡Movilicémonos contra el estado de emergencia permanente !

Par Frédérick Lorie ( 7 juillet 2017)

Traducido por Leksell

Tras un año y medio de régimen de estado de emergencia puesto en marcha y renovados sistemáticamente desde los atentados del 13 de noviembre de 2015, el gobierno Macron ha por fin decidido pasar página… integrando definitivamente una buena parte de las disposiciones de este estado de excepción en el derecho cotidiano.

Las disposiciones de un arbitrario administrativo

El proyecto de ley ha sido presentado y discutido en consejo de ministros el jueves 22 de junio, al día siguiente de la reestructuración de los miembros del gobierno tras las elecciones legislativas, con el objetivo de ser adoptado por vía parlamentaria normal antes de la próxima renovación – es decir en el próximo noviembre – 2 años después del inicio del estado de emergencia. El eje de ese proyecto puede resumirse en pocas palabras: disposiciones que tienden a la intrusión y a la limitación motivada por simples sospechas y acordada administrativamente sin contrapoder judicial. Tiende a la intrusión primero por los nuevos medios de captación de información de los individuos identificados, de los cuales hay simples sospechas, pero también para todas las personas simplemente en contacto (article L. 228-1); una vigilancia digital con un flujo de datos identificados vía también el uso de caballos de Troya en los sistemas informáticos. La autoridad administrativa podrá incluso forzar a los individuos identificados a proporcionar sus logins en cualquier servicio o programa de comunicación; rechazar será sancionado con penas de prisión y multas – aunque todavía no está claro que la contraseña forme parte de la obligación de transmitir la información – infringiendo el derecho a la correspondencia privada). Esas mismas personas podrán recibir limitaciones geográficas y controles de desplazamientos – procedimientos que sustituyen los arrestos domiciliarios – que podrán tener diferentes formas: perímetro geográfico, pulsera electrónica o fichar diariamente en la comisaría; registros domiciliarios administrativos también se incluyen. Ahora bien, sobre esas cuestiones, los problemas de abusos en el estado de emergencia – desde finales de 2015 – han creado problemas: arrestos domiciliarios renovados sin que hayan más cargos o pruebas que construyan una inculpación; militantes bajo arresto domiciliario durante la COP21; registros domiciliarios llevados a cabo prioritariamente en los barrios populares.

Otro recuerdo, manifestaciones con acceso totalmente controlado por los policías con cacheos y palpaciones. El nuevo proyecto de ley integra este tipo de medida – que también han sido utilizadas en las « fanzones » durante la eurocopa de fútbol – bajo decisión motivada por la prefectura (equivalente a delegación del gobierno) ; se les llama de ahora en adelante « perímetro de protección » y esos controles ya no serán solamente un asunto de la policía sino que podrán participar también agentes de seguridad privada.

Una amplia movilización es necesaria

El informe de Amnistía Internacional habla por sí mismo en cuanto al aislamiento de un cierto número de actores y actrices de los movimientos sociales y las prohibiciones a manifestar; una vez más entra en juego la arbitrariedad administrativa.

Hay un desplazamiento semántico y de uso que opera progresivamente de un gobierno a otro, sintomático que trata más de asegurar la tranquilidad y la paz social a favor de la clase dominante que luchar contra una amenaza terrorista escenificada en numerosas páginas de periódicos para una prensa amante del sensacionalismo. Ya en el gobierno de Hollande, la ley de Información consideraba como motivos de vigilancia « los intereses económicos, industriales y científicos mayores de Francia » y « la prevención de ataques a la forma republicana en las instituciones […], violencias colectivas de naturaleza a poner gravemente en peligro la paz pública » ; disposiciones que ya se ocupaban de la identificación de militantes y de camaradas por centenas de prohibiciones de manifestar durante el estado de emergencia, incluso cuando esas personas no habían sido nunca acusados de violencia alguna.

Lo que busca el Estado es el debilitamiento del movimiento obrero, atacando y limitando la libertad de los elementos más activos en esos combates, poniendo trabas y encerrando las manifestaciones demostrativas, filtrando los accesos, desmovilizando a las/os principales afectadas/os con tácticas de tensión y provocaciones, multiplicando los incidentes violentos y el uso de la represión en las manifestaciones. Se está cuestionando la posibilidad de nuestro campo social a movilizarse para defender sus intereses y resistir a los retrocesos sociales. Es un problema que concierne a todos los sindicatos o asociaciones que defienden los intereses de las/os más débiles, las/os oprimidas/os y las/os explotadas/os. Por el peso y las capacidades de movilización que poseen, las confederaciones sindicales tienen responsabilidades ; igualmente deben romper el diálogo social y rechazar el nuevo código laboral por decreto, los dirigentes deben oponerse públicamente a la integración del estado de emergencia en el derecho ordinario y decirle al Estado que ya está bien; para ello es necesario denunciar, antes que nada, las violencias policiales y la represión y no la de los anarquistas y autónomos; la seguridad de las manifestaciones es la función de los servicios de orden y es amenazada ante todo por la acción policial, no por individuos encapuchados.

A cada ataque presuntamente “terrorista”, hay gente que testimonia – y es la aprobación igualmente de dirigentes en sus discursos – que hay que continuar viviendo « con normalidad », no cambiar nuestras costumbres, ejercer nuestra libertad… Más allá de ir a bares o conciertos, queremos también poder continuar defendiendo nuestros derechos sociales y manifestar « con normalidad ».

Una primera manifestación tiene lugar el 1 de julio, desde la plaza de République en Paris, convocada por diversas asociaciones, colectivos, partidos y sindicatos¹, es una primera etapa para decir: ¡no a una nueva renovación del estado de emergencia! ¡No a la inscripción del estado de emergencia en el derecho común ! ¡No a la represión de los movimientos sociales ! ¡No a la criminalización de militantes políticos y sindicales !

1 https://paris.demosphere.eu/rv/55976

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